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miércoles, 17 de noviembre de 2010

Evolucion Historica de la Sancion Penal en Mexico.




INTRODUCCIÓN.
La analogía con el delito, la mensurabilidad, la certidumbre, la igualdad, la ejemplaridad, la economía, la eficacia con relación a la enmienda y contra el poder de dañar, la sencillez y la popularidad son características exigibles a toda pena impuesta a un ser humano que ha cometido un crimen; sin embargo la sanción aplicada a los sujetos que cometen acciones antijurídicas no siempre ha sido la misma, como tampoco ha sido concentración de aquéllas características desde su origen.
Mucho se ha analizado la evolución doctrinal del Derecho Penal en el mundo, mas poco se ha examinado con respecto a la evolución de la sanción penal, en especial, en México. La presente obra pretende en forma breve plasmar lo que se sabe y se ha vivido con respecto al castigo aplicado por la trasgresión a las normas jurídicas que han regido en nuestro país; desde la época en que los pueblos de organización teocrática proyectaban todos los problemas hacia la divinidad, justificando la capacidad represiva de los jueces en nombre de los dioses hasta el Congreso Constituyente padre de nuestra Ley Suprema en vigor, que en el artículo 20 prescribe garantías al inculpado de un delito muy distintas a la pena inmediata que se aplicaba en la antigüedad.
El Derecho mexicano no puede ser revisado en forma aislada, ya que por trescientos años fue una colonia del reino de Castilla (desde 1812 España), por tanto el régimen jurídico de toda esa época era el mismo que se aplicaba en aquél sitio del otro lado del mundo. Resulta indispensable considerar que el régimen jurídico de los indios nativos de estas tierras se vio suplantado, aunque no en su totalidad primeramente, por normas de origen ibérico que constituyeron el cuerpo legal hasta1821.
Nos enteraremos entonces, que existió un Derecho Penal precortesiano que castigaba de una forma en el pueblo tarasco, otra en el maya y una más entre los aztecas.
Durante la época colonial lo que dictaba el soberano, el Real y Supremo Consejo de Indias o lo que se codificaba en el viejo mundo, traía consigo grandes cambios en el poder punitivo de las autoridades de la Nueva España.
Al final del movimiento de Independencia se generan varios intentos por dar al México liberado una Carta Magna que regulará el gobierno, el Estado y las relaciones entre sus habitantes. Es en este periodo donde las garantías del inculpado cobran mayor auge como producto de las mismas ideas liberales de la Ilustración que originaron la búsqueda de la autonomía.
Por último, después de la Revolución Mexicana, el Congreso Constituyente de 1917 inscribe en los primeros 29 artículos las garantías individuales, y en el vigésimo de éstos, las consideraciones de que goza el inculpado de un delito.
EVOLUCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL. DISTINTAS CONCEPCIONES EN EL TIEMPO.
“La única diferencia entre la pena y la medicina es: que el médico procura un fin dulce a aquél que no ha podido salvar, mientras el ejecutor de la ley rodea la pena de un aparato deshonroso, y esto ocurre no porque encuentre ninguna satisfacción en el castigo, sino a fin de que los ejecutados sirvan a todos de ejemplo, y la muerte de aquéllos que no han querido ser útiles a nadie se convierta en una utilidad social”. [1] 
SÉNECA
Y es que la medicina y el castigo ejemplar son casi de paralela aparición para la humanidad, pero el fin deshonroso discurría de los homenajes funerarios por el grave y fatal acto de atentar contra la voluntad de los dioses.
En ese afán de rodear de un aparato deshonroso al ejecutado hubo en los orígenes del Derecho Penal, sanciones inhumanas y degradantes, que por fortuna al evolucionar la sociedad se transformaron para ajustarse a las nuevas necesidades. Pues como dijera Ihering “la historia de la pena es una abolición constante”
Venganza divina.
Algunos estudiosos afirman que el término “ley” utilizado en el ámbito jurídico tiene antecedente en el concepto que ocupan las ciencias naturales para designar a la regla que rige los fenómenos de la naturaleza. Pero al concluir este apartado se comprenderemos que ocurrió en forma inversa. La primera explicación que el hombre atribuía a los sucesos que en su entorno observaba, era la existencia de “seres supremos” que disponían qué habría de suceder en el ambiente, “leyes” que un Dios dictaba para el equilibrio del mundo.
¿Qué sucedía si alguien en el plano terrenal llevaba a cabo acciones que podrían romper ese equilibrio? Surge la venganza divina.
Esta etapa del Derecho Penal se nota más claramente en el pueblo hebreo, Pero los pueblos antiguos de México también aplicaban este castigo. Es prudente aclarar que como consecuencia de un sistema consuetudinario que llevaban nuestros ancestros y la destrucción de códices y otras fuentes jurídicas poco se sabe con respecto a su forma de hacer justicia.
Así tenemos entonces, que el pueblo azteca tenía dos instituciones que protegían a su sociedad: la religión y la tribu. Con los fines que nos interesan analicemos sólo la primera. La religión penetraba en diversos aspectos de vida del pueblo y para el individuo todo dependía de la obediencia religiosa. De este estado se derivó que quienes violaban el orden social eran colocados en un status de inferioridad y se aprovechaba su trabajo en una especie de esclavitud, de otra forma eran expulsados de la comunidad lo que representa ser enviado a muerte ya fuera ante tribus enemigas, por las fieras o por el mismo pueblo. El incremento de la población agotó la eficacia que representaban estas sanciones.
El Derecho Penal Azteca revela excesiva severidad pues entre otras también aplicaban penas como la esclavitud, suspensión del empleo, arresto, prisión, demolición de la casa del infractor, sanción pecuniaria y la que por demás está aclarar que era la aplicada con más frecuencia, la muerte. Esta última se aplicaba mediante incineración en vida, decapitación, estrangulación, descuartizamiento, empalamiento, lapidación, garrote y machacamiento de la cabeza.[2]
Durante esta época no podemos referirnos a ningún tipo de consideración con respecto al inculpado, los juicios eran como Dios lo hacía saber y por tanto inapelables. Conocieron de juicios públicos, más no se trataba de un beneficio y sí de una humillación.
El inculpado no podía exigir se le explicará de qué se le acusaba, pues era equivalente a poner en duda el mandamiento divino. No existía forma de expresar causas que excluyeran de responsabilidad ni de ser sancionados por la venganza divina.
Venganza privada.
Propiamente no es una etapa de la evolución penal, sin embargo es importante considerarla como antecedente ya que es un registro del instinto de protección, defensa y venganza a las acciones no toleradas entre los individuos.
Solía ejecutarse en forma individual, de un sujeto a otro, o colectivamente, en la que un grupo, tribu o familia “cobraba” el daño ocasionado a uno de sus miembros.
Este tipo de venganza es también llamado de sangre debido a que su origen eran los delitos de homicidio y lesiones.
Comúnmente la venganza excedía el perjuicio primeramente ocasionado, por lo que se habla de una limitación a éste tipo de venganza (que demuestra evidentemente organización social primitiva[3]) en forma equivalente al código de Hammurabi con su ley del talión ojo por ojo, diente por diente, que establece igual daño que el daño ocasionado.
Al final del uso de esta represalia surge el sistema de composiciones que se trataba de que el ofensor comprara el derecho de venganza del ofendido.
Venganza pública
Hasta aquí la acción indeseable dañaba el interés de un individuo, distinto es cuando el daño se extendía al orden público o a la autoridad superior de las familias.
En Europa es este el periodo más sanguinario en donde nacieron los calabozos (oubliettes de “olvidar”) en donde se olvidaba a las personas en castigo, los azotes, la pesada piedra al cuello o la horca eran parte de la tortura que se volvía acto preparatorio durante la instrucción y cuestión previa a la ejecución.
La venganza pública se tradujo en la más cruenta represión y en la máxima inhumanidad de los sistemas.
Quién pensaría entonces en garantizar al inculpado si una marca con hierro candente, cuatro caballos tirando de las extremidades hasta el descuartizamiento, las galeras, la rueda en que se colocaba al reo después de romperle los huesos a golpes o los trabajos forzados y con cadenas eran el modo preferente para mostrar de lo que se era capaz si se dañaba a las oligarquías dominantes[4]. Pues no podemos hablar de sanciones equitativas, entre más baja era la clase, mayor el rigor del castigo; se buscaba intimidar a las clases inferiores para mantener intactos los privilegios reales.
Periodo humanitario
Se presenta en el momento en que se desarrolla la época conocida como “Ilustración”, en materia Penal la obra que más resalta es la del milanés Cesare Bonnesana marqués de Beccaria por su valiente denuncia del demasiado libre ejercicio del poder mal dirigido que tantos ejemplos de fría atrocidad muestra, con su obra De los delitos y las penas que publicara en 1764. 
El utilitarismo de este pensador se combina con las ideas contractualistas de sincrónico surgimiento. Es en este momento cuando la pena comienza a adquirir características que le dan esa misma forma y la apartan de la simple venganza.
Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, debe ser esencialmente pública[5], pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles, en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes.
Periodo científico.
La persecución de un fin o una verdad es suficiente para hacer ciencia. La obra de Beccaria inició en ese sentido el periodo científico de la pena. Los positivistas, según algunos autores, hicieron también ciencia sin embargo sólo expusieron ideas de estudio con respecto a la criminalidad.
La pena como sufrimiento carece de sentido; lo que importa es su eficacia. que en palabras del positivista Hans Kelsen consiste en “la llamada reparación de la ilicitud, se pone término al Estado provocado por la conducta ilícita, restableciéndose un estado conforme al Derecho”[6]
SANCIÓN PENAL EN MÉXICO. 
“Para conocer el origen del derecho de castigar, es necesario investigar previamente en qué condiciones han sido colocados los hombres por la naturaleza”
LOCKE
La naturaleza de los mexicanos es nuestro interés en particular, precisamente por lo anterior vamos recorrer el avance de la historia de México y comprender que la naturaleza colocó a los hombres en nuestro territorio en distintas posiciones de las cuales por mucho tiempo dependió el castigo impuesto. Así se sancionaba diferente a gobernantes y gobernados; conquistadores y conquistados, emancipadores y emancipados; ricos y pobres todos quienes fueran distintos. Incluso en condiciones de igualdad, la pena no fue controlada en todo momento.
Época precortesiana.
Ya hemos conocido un poco de las sanciones penales de los pueblos originarios de México en el capitulo de venganza divina, pero profundicemos en los castigos que se imponían antes de la llegada de la influencia jurídica europea.
Sanción penal en el derecho maya.
Debemos considerar que con lo aprendido en el título anterior sabemos ya, que la misma evolución que tuvo la pena en el mundo, fue dando diferentes matices a lo largo de la historia de nuestro país.
Entonces se parte de penas inhumanas, degradantes y desiguales con las que comienza la sanción a los autores de los delitos.
Tenemos pues, que los mayas distinguían dos conceptos que representan un gran adelanto para la primitiva organización que poseían, el dolo y la imprudencia en los delitos de incendio y homicidio. Al primero de aquéllos le imponían pena de muerte, al segundo indemnización para los ofendidos.[7]
Para la pena capital se utilizaban la lapidación o el ahogamiento en el cenote como métodos.
No hubo apelación, el juez o batab decidía en forma definitiva y los verdugos tupiles ejecutaban la pena inmediatamente.
En esta cultura era poco loable que la pena fuera distinta entre clases sociales. Otros castigos eran la ley de talión en algunos casos de homicidio (excepto entre los menores quienes caían en esclavitud) y el hecho de grabar el objeto del delito en la cara de algunos ladrones.
Sanción penal en el derecho azteca.
La condena a muerte era la sanción por excelencia de este grupo., la hoguera, ahorcamiento, ahogamiento, lapidación, azotes, degollamiento, empalamiento y desgarramiento de cuerpo, fueron entre otros los modos de ejecución. No obstante, en algunos casos se acompañaba a la pena de muerte con la confiscación de los bienes.
Una pena aparentemente ligera era el hecho de chamuscarles el pelo, pero para ellos era muy grave por las consecuencias de rechazo social que representaba.
Esclavitud, mutilación y destierro fueron otras formas de condenar a los culpables de las acciones antijurídicas.
El sistema penal azteca no mostró interés por distinguir entre autores y cómplices pues eran sancionados en igual forma.
Violaba, la pena azteca, el principio de intrascendencia del castigo, pues se extendían hasta a familiares en cuarto grado.
Sí tuvo distinción de clase, pero contrario a lo que lógicamente pensaríamos con los delitos cometidos por servidores públicos, las penas eran más estrictas para los nobles, pues habrían de dar el ejemplo del buen comportamiento.[8]
Respecto a ingerir bebidas alcohólicas se sancionaba la embriaguez pública (en las casas era tolerada), excepto en algunas fiestas, también era punible la embriaguez entre ancianos.
El homicidio se castigaba con pena de muerte y no quedaba exento ni siquiera el esposo que encontraba a la esposa adúltera con el amante.
Había gran rigor sexual “pena de muerte para la incontinencia de los sacerdotes, para los homosexuales, la violación, el estupro, el incesto y también para el adulterio”[9]
Finalmente el derecho penal azteca fue de los primeros en transformarse de consuetudinario a escrito, prueba de ello lo son los registros en el Códice Mendocino.
Sanción penal en Mesoamérica.
No se excluyen los pueblos estudiados, al contrario son los más representativos de los sistemas jurídicos de la época, razón por la que está demás reiterar que se trató de un Derecho Penal severo e inhumano y aunque ya se limitada en comparación a las formas de venganza, no era mesurado, ni siquiera la pena en si misma considerada tenía esa categoría, pues ésta adquiere su forma hasta que la doctrina y la práctica delimitan su alcance y finalidad.
ÉPOCA COLONIAL
“Si la ley se quiere hacer obedecer, debe inspirar temor con la amenaza de un mal”
SANTO TOMÁS DE AQUINO
En la época colonial se vivió el mismo oscurantismo que se vivía en Europa, no hubo un régimen jurídico estable, ni universal, sin embargo la figura de la pena existió en todo momento, un poco con los vestigios de lo que fuera el derecho indígena y mayormente establecida según los ordenamientos de la Corona de Castilla.
Las Leyes Indias
Habida cuenta de lo difícil que fue la labor de recopilación de las leyes aplicadas en la Indias o territorio de la Nueva España debido a que “por las necesidades que presentaba el gobierno colonial se habían producido una cantidad inmensa de disposiciones lo que lógicamente condujo a contradicciones, lagunas, olvidos e incluso pérdida de documentos, por lo cual desde el primer siglo de dominación española en América se planteó, y con carácter de urgente la necesidad de recopilar la legislación indiana”[10]
La Recopilación de Antonio de León Pinelo después de diversos conflictos se publicó por el año de 1635,dicha obra nos ilustra respecto a la sanción penal lo siguiente.
LIBRO SEXTO, TÍTULO XV.
[6] Que los delitos y normas se castiguen con rigor y cuydado.
El emperador don Carlos y la Princesa, gobernando, en Valladolid a 10 de Mayo de 1554. Tomo 2, página 25. 
Porque trae grandes ynconuenientes no castigarse los delitos, especialmente públicos y atroces, encargamos y mandamos a las nuestras Audiençias y justicias que los delictos que acaeçieren en las prouinçias sujetoas a ellas, en espeçial los escandalosos y feos, los castiguen y provean con todo cuydado y diligençia sin que en ello aya remision ni descuydo alguno, pues de hacerse esto depende gran parte del sosiego y quietud de la tierra y vezinos della, ley 5, título 17, libro 6.
[11] Que las penas de los delitos de indios sean conforme a esta ley y no sean condenados a servicio perpetuo.
El Emperador Don Carlos y la Princesa, gobernando, en Valladolid a 3 de Junio de 1555. Tomo 4, página 297.
...porque los delitos en que son condenados los indios a algun seruiçio personal son los en que no ay pena dispuesta por la ley o en que por razon de algunas circunstançias o calidades aunque aya pena dispuesta vienen a ser arbitrarios...
[23] Que en las penas no aya arbitrios serio que se apliquen como estuviere dispuesto.
Don Fhelipe 2 en Madrid a 17 de Julio de 1572. tomo 2, p{agina 123.
Porque algunas veces las nuestras Audiencias no ejecutan las penas y condenaciones que estan dispuestas por leyes y ordenanzas y vsan de arbitrios, lo qual demas de ser remision en la guarda y cumplimiento de lo que por nos esta ordenado y manado es en daño y perjuiçio de nuestra haçienda, mandamos que tengan mucha quenta con guardar, cumplir y executar lo que por leyes del reyno, ordenanzas y prouiçiones esta dispuesto y las penas y condenaciones que por ellas se ponen sin usar de arbitrios ni otros medios. Ley 29, titulo 17, libro 6.[11]
Podemos entonces advertir, que las características de las penas en general se resumen de la forma que sigue:
  • “La quietud de los vecinos” nos refleja que se proponía que la pena transmitiera un mensaje de seguridad a quienes veían como se aplicaba. La popularidad, es decir, la aceptación de los castigos como justos, dependía del cuidado con el que se manejara y se sancionarán las conductas ilícitas.
  • El servicio perpetuo o esclavitud era comúnmente utilizado para sancionar a los indios, esta recopilación prescribe categóricamente que el servicio perpetuo se sustituirá por las penas que la misma señala.
  • Se limita la facultad discrecional de los jueces que caían en acciones arbitrarias y se alejaban de la exacta observancia de la ley.
En general en la Leyes Indias se transforman las penas infamantes, se limita el uso de la fuerza y se empieza con el seguimiento de algunos principios del Derecho Penal como el de legalidad.
Las Ordenanzas.
Insistiendo en la multiplicidad de ordenamientos que estuvieron en vigor en la Nueva España, es conveniente señalar que existieron Ordenanzas creadas en terreno español en las que se indicaba en qué forma sancionar los delitos cometidos en la colonia, entre ellas destacan:
Ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del cuerpo de minería de la Nueva España y de su tribunal”, atribuidas a Joaquín Velásquez de León promulgadas en 1783, contiene disposiciones penales especiales como el castigo al hurto de metales, que se sancionaba con la mutilación de un miembro del cuerpo u otra pena corporis afflictiva”
Ordenanzas de los gremios de la Nueva España” en ellas notamos la distinción que se hacía entre los indios y los españoles. Si los primeros cometía un delito la pena consistía en maltrato físico o azotes, mientras que a los segundos únicamente se les cobraba una multa.[12]
Las Partidas.
Alfonso X el sabio después del intento que hizo por recopilar las leyes de Castilla que no eran más que variedades de distintos fueros, logró publicar el Libro del fuero de las leyes que se conociera más con el nombre de las Siete Partidas. Como reciente publicación no tuvo validez, fue hasta 1348 que el bisnieto del autor, Alfonso XI diera reconocimiento legal a las Partidas. Parecería muy distante la fecha de creación de este cuerpo legal y la Conquista de México, sin embargo recordemos que aquella legislación fue vigente en nuestro territorio durante la colonia. Algunos autores lo incluyen en una especie de orden de prelación de leyes por medio de las cuales se daba solución a los conflictos en el territorio de la Nueva España. De este ordenamiento podemos analizar el título 31 nombrado “De las penas y de la naturaleza de ellas” que en sus leyes (concepto actual de artículos) dicta:
Ley 1 Que cosa es pena, y por qué razones se debe mover el juez a darla.
Pena es enmienda de pecho [pago] o escarmiento que es dado según la ley a algunos por los yerros que hicieron. Y dan esta pena los jueces a los hombres por dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los yerros que hicieron; la otra es porque los vieren y los oyeren, tomen de ello ejemplo y apercibimiento para guardarse que no yierre por medio de pena.
Y los jueces deben mucho considerar antes que den pena a los acusados, y escudriñar muy acuciosamente el yerro sobre que la mandan dar, de manera que sea antes bien probado, considerando la manera en que fue hecho el yerro.
Ley 2 Como el hombre no debe recibir pena por el mal pensamiento que tenga en el corazón, si no lo metiere en obra.
...cualquier hombre que se arrepintiese del mal pensamiento antes que comenzara a obrar por él , no merece por ello pena ninguna, porque los primeros movimientos de las voluntades no están en poder de los hombres.
Ley 3 Cuántas maneras hay de yerros por los que los hombres hacen recibir pena.
Todos los yerros son de cuatro maneras:
De hecho, como robar o matar. Por palabra, infamar, atestiguar o abogar falsamente. Por escritura, cartas falsas. Por consejo, cuando algunos se juntan en uno y hacen jura, postura o cofradía para hacer mal a otros, o para recibir a los enemigos en la tierra para hacer levantamiento de ella .
Ley 4 Cuántas maneras hay de hacer penas.
Existen cuatro penas mayores y tres penas menores. 
Las penas mayores consisten en:
Dar a hombre pena de muerte o perdimiento de miembro.
Condenarlo a que esté en hierros para siempre, cavando en los metales del rey, labrando o sirviendo.
Destierro por tiempo incierto
Hierros, cárcel o prisión.
Las penas menores consisten en:
Destierro por tiempo cierto.
Daño en la fama o vetar un abogado.
Ser azotado o herido públicamente. Deshonra en la picota. Desnudo al sol untado con miel para que lo coman las moscas.[13]
Constitución de Cádiz.
19 de Marzo de 1812.
TÍTULO V DE LOS TRIBUNALES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL Y CRIMINAL
287 Nadie será tomado preso sin información sumaria en la que se verifique la razón por la cual se le detiene.
294 Se procederá al embargo en los casos en los cuales los delitos sean de responsabilidad pecuniaria exclusivamente.
298 se autoriza la visita a la cárcel.[14]
Para instruir amor y respeto a las normas constitucionales se editaron folletos con los cuales se pretendía ilustrar a los indios sobre las excelencias del sistema constitucional de Cádiz, se hacía particular énfasis en la igualdad y la supresión de antiguos usos como la pena de azotes, las mitas (repartimientos) o los servicios personales.[15]
Garantías del inculpado en la Constitución de Apatzingán 1814.
Don José María Morelos y Pavón (1765-1815) entregó al Congreso Constituyente un pliego de 23 principios denominado Sentimientos de la Nación fuente de inspiración de la Constitución de Apatzingán, aunque no debemos soslayar la influencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 ya que a consecuencia de esta atribución no resulta extraño encontrar plasmados los ideales de igualdad, libertad, seguridad y justicia.
“El Decreto de Apatzingán considera los derechos naturales del hombre como del más elevado rango, axiológicamente superiores a toda institución, a tal extremo, que los erige en el fin mismo del Estado.”[16]
Principio de legalidad.
El artículo 21 de la Constitución de Apatzingán contenido en el capítulo IV prescribe:
“Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano.”[17]
Obviamente aquí se consagra el principio formulado por Feuerbach Nullum crimen nulla poena sine previa lege, pues si analizamos la frase “sólo las leyes pueden determinar los casos” estamos en el entendido de que la ley de manera exclusiva determinará qué conductas se tipifican como delitos y las penas que éstos ameritan.
La pena.
El artículo 23 del Decreto de 1814 establece:
La ley debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad”[18]
El precepto hace recordar las manifestaciones humanitarias de César Beccaria quién insistió en la independencia entre la justicia divina y la justicia humana; además de proponer la mínima existencia de penas ejemplares a fin de evitar una nueva comisión de delito por el mismo sujeto y la ejemplaridad que el castigo imponía a los demás hombres.
Además el artículo evoca uno de los principios que limitan el poder punitivo que el Estado posee, el principio de necesidad y utilidad de la intervención Penal; “en este sentido donde sea posible sustituirse la pena por otras sanciones menos severas debe hacerse, pues donde la pena resulta innecesaria, es injusta.”[19]
Presunción de inocencia.
Artículo 30 de la Constitución de Apatzingán: “Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpado”. Principio que en la actualidad en México se halla en la tinta o la voz de muchos penalistas que analizan la inclusión de este principio en la Constitución General de la República (1917); prueba de ello la reciente Mesa de Trabajo organizada por el Centro Nacional de Derechos Humanos celebrada el pasado 27 de Abril de 2004 en el que penalistas de renombre se remontaron históricamente a las legislaciones mexicanas anteriores (entre ellas la analizada en este capítulo) para comprender la necesidad de una reforma constitucional.[20]
Constitución de Apatzingán y la Constitución General de la República de 1917.
La Constitución de 1814 carecía de medio alguno directo para asegurar el respeto de tales derechos distinto a nuestra Ley de 1917. Quizá sea porque los constituyentes de 1814 tenían la idea, utópica desde luego, de que el simple hecho de manifestar los derechos del inculpado como dogmas, aseguraban su inviolabilidad por parte de los depositarios de la autoridad.
Aunque no se haya manifiesto literalmente, el principio de presunción de inocencia del 30 constitucional de 1814 se transmite al 14 constitucional de 1917, que exige previo juicio para la afectación de ciertos bienes jurídicamente protegidos.
Otras garantías como el derecho a la audiencia, la inviolabilidad del domicilio y la duración de la detención se reflejan de aquél precepto al nuestro.
“La Constitución de Apatzingán contiene los principios básicos sobre las garantías del acusado, capaces de haber permitido establecer un Derecho Penal colmado de sentido humano, así como un derecho procesal penal con toda majestad de la justicia pleno de seguridad para el acusado y, por ende orientado al logro del bien en el gregario vivir.”[21]
Derecho supletorio.
El hecho de que no podamos hablar de un sistema jurídico indiano propiamente dicho, nos indica la necesidad de que se creara un sistema uniforme, pues en obediencia al principio hermético del Derecho ningún conflicto quedaba como no resuelto, sin embargo no significa que fuera fácil dictar una sentencia, pues igualmente que en la región española, por la existencia de varios fueros, no se tomaba siempre el mismo criterio y la facultad discrecional del juzgador era amplia; en México lo mismo era aplicar un precepto que otro, claro que no de manera categórica, es decir, no significa que no hubiese orden pues en algunos sitios se conocía un orden de prelación en el que tenían preferencia las Leyes Indias, si no se resolvía, el reglamento indicado no era más que aquél que proporcionaba la solución más viable.
Es por lo anterior que del Derecho en la época colonial, y de la sanción penal en específico durante ese periodo, no queda más que decir que eran penas desfavorables a los indios en comparación con los españoles que aquí habitaban, que continúan con el carácter de excesivas respecto al delito y que no podemos de hablar de disminución de severidad con respecto a la época precortesiana pues en el momento de dominación de los tres siglos que duró La Colonia interactuaron los restos de crueldad indígena y el abuso y explotación españolas.



DERECHO INDEPENDIENTE
“Consultemos al corazón humano y en él encontraremos los principios fundamentales del verdadero derecho del soberano a castigar los delitos”
BECCARIA

Entramos en la etapa más benéfica y en la que la pena adquiere las características que hoy la definen. La Ilustración en el viejo continente es producto de la acumulación de ideas en donde el pensamiento se humaniza y los anhelos de libertad, soberanía popular e igualdad de los hombres ante la ley se generalizan hasta llegar a la Nueva España ardiente en deseos de alcanzar su liberación.
El rumbo de la sanción penal en el México Independiente.
Después de la declaración de Independencia del 27 de septiembre de 1821 no fue inmediata la creación de leyes para México por lo que seguirían, por algún tiempo, rigiendo las leyes de la Colonia. Esta situación duró poco, pues la labor de variedad letrados dio origen a diversos intentos por crear una Constitución o reglamentos en materia penal y otras ramas del derecho.
Y como el tema que nos interesa son las garantías del inculpado, analicemos de que modo va tomando forma nuestra actual legislación al respecto.
Antecedentes de las garantías del inculpado.
& Artículo 74 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. Ciudad de México. 18 de Diciembre de 1822.
Nunca será arrestado el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíbe admitir fianza; y este recurso quedará expedito para cualquiera estado del proceso en que conste no haber lugar a la imposición de pena corporal.[22]
Podemos notar que se mezclan asuntos civiles y penales algo que es distinto en nuestra constitución actual.
Artículos 47y 49 de la Quinta de las Leyes de la República Mexicana. Ciudad de México. 29 de Diciembre de 1836.
Art. 47. Dentro de los tres días en que se verifique la prisión o detención, se tomará al presunto reo su declaración preparatoria; en este caso se le manifestará la causa de este procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere; y tanto esta primera declaración como las demás que se ofrezcan en la causa, serán recibidas sin juramento del procesado, por lo que respecta a sus hechos propios.[23]
Se habla ya de un tiempo límite entre la detención y la toma de declaración. Una característica que cambia la esencia de la sanción penal y sobretodo se torna más análoga al delito.
Art.49. Jamás podrá usarse el tormento para la averiguación de ningún género de delito.
Es importante señalar que se refiere a la averiguación, pero en ningún momento excluye el tormento como castigo.
Art. 9, fracciones VI y VII, del proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, fechado en la Ciudad de México el 30 de junio de 1840:[24]
Fracción VI. Son derechos del mexicano; Que no se puede usar del tormento para la averiguación de los delitos, ni exigir juramento a éste sobre hechos propios en causa criminal.
Fracción VII. En la averiguación previa se le hará saber la causa de su prisión, el nombre de su acusador si lo hubiere y que no se le oculte ninguna de las constancias del proceso.
Y es que antes de que llegarán estas ideas liberales se hacía jurar a los implicados en un delito sobre determinado acto aún a sabiendas de que no eran ellos los responsables, lo lograban a través del tormento de quienes en varias ocasiones resultaban inocentes. 
También la garantía de conocer al acusador cuando existía, otorga el beneficio de saber si no se trata de la venganza de algún antiguo patrón u otra persona que sólo buscara el perjuicio a través de una acusación falsa.
& Artículo 7 Fracción XI del Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana. Ciudad de México. 25 de Agosto de 1842:
La Constitución declara a todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad contenidos en las disposiciones siguientes:
Fracción XI.- Nunca podrá ser usado el tormento para el castigo de los delitos , ni de alguna otra especie de apremio para su averiguación...[25]
Notamos que en estos preceptos es necesario recurrir a una interpretación extensiva, ya que si analizamos textualmente este lineamiento, entendemos que “otra especie de apremio” sí se utiliza en el castigo de los delitos. El avance que percibimos, es la extensión de la prohibición de tormento en la averiguación y el castigo del delito.
Artículo 5 Fracción X del voto particular de la minoría de la Comisión constituyente de 1842 fechado en la Ciudad de México el 26 de Agosto.
Fracción X cuando por la cualidad del delito o por las constancias procesales aparezca que no se puede imponer según la ley pena corporal, se pondrá en libertad al presunto reo, bajo de fianza o en su defecto, bajo de otra caución legal.[26]
Como observamos este antecedente fue publicado el día siguiente al del revisado en el párrafo anterior, por lo que suponemos que este lineamiento perseguía perfeccionar y agregar los detalles que hicieron falta en la primer propuesta. Percibimos que se propone la libertad bajo caución, figura que aparece por vez primera en el caso en que el delito no amerite una sanción corporal o que durante el proceso se vea que no es necesario mantener detenido al inculpado.
& En posteriores documentos ya fuesen proyectos de Constitución o reformas se procuraba que la pena y los derechos del detenido se perfeccionaran hasta que llegó el Congreso de 1916 que le dió las características que hoy forman al artículo 20 Constitucional. Actualmente contiene el reconocimiento de las garantías, de aquellos que son detenidos por la autoridad. 
Que lejano nos queda ahora el bestial e inmediato castigo a quienes se sabía (o se creía) que eran culpables de cometer un delito. Fue en la época independiente cuando gracias a las ideas ilustradas se buscó humanizar la forma de sancionar. El hombre como centro de las acciones y los pensamientos no debía concebir que la crueldad acabara con la crueldad. La sanción penal se encuentra ya más parecida a como es ahora.
REVOLUCIÓN MEXICANA
El verdadero medio de honrar la Revolución es el de continuarla, llevando un alma libre al escribir su historia.
EDGAR QUINET.[27]
La Revolución Mexicana fue producto de las inconformidades del pueblo mexicano, produjo grandes cambios, pero como enuncia la idea al principio de este capítulo “el alma libre” sin parcialidades, nos permite conocer objetivamente los resultados de aquél movimiento social. Y como también versa el inicio de estas líneas la revolución como tal, continúa, no sólo como homenaje sino como necesidad permanente de cambio y evolución en sistemas jurídicos, económicos, políticos y sociales.
Lo que nos concierne es comprender que después del estallido de la Revolución surgió el Congreso Constituyente creador de nuestra Carta Magna que a través de su vigésimo artículo consagró las garantías del inculpado.
Ideología revolucionaria en la búsqueda de las garantías de inculpado.
La Revolución Mexicana consiguió primordialmente objetivos en materia agraria y sucesión presidencial, que no se hubiesen logrado si este movimiento no lograra también la redacción de una nueva Constitución, que sin duda justifica nuestro interés en este cambio, pues se plasman de forma definitiva[28] las garantías individuales.
Así tenemos que durante el movimiento revolucionario y anterior a la redacción definitiva del vigésimo artículo de la Ley Suprema hubo manifestaciones tales como la emitida por Don Venustiano Carranza en el Mensaje y Proyecto de Constitución fechados en la Ciudad de Querétaro el 1º de diciembre de 1916, que entre otros enuncia el siguiente mensaje:
“El procedimiento criminal ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejó implantado la dominación española, sin que se haya llegado a templar en lo más mínimo su dureza, pues esa parte de la legislación mexicana ha quedado enteramente atrasada, sin que nadie se haya preocupado en mejorarla. Diligencias secretas y procedimientos ocultos de que el reo no debía tener conocimiento , como si no se tratase en ellos de su libertad o su vida; restricciones del derecho de defensa impidiendo al mismo reo y a su defensor asistir a la recepción de pruebas en su contra, como si se tratase de actos indiferentes que de ninguna manera podrían afectarlo y. por último, dejar la suerte de los reos casi siempre entregada a las maquinaciones fraudulentas y dolosas de los escribientes, que por pasión o por vil interés alteraban sus propias declaraciones, las de los testigos que deponían en su contra, y aún las de los que se presentaban a declarar en su favor.”[29]
El Constituyente de 1916.
La mejor forma de remontarnos a lo sucedido aquel día que fuese promulgada nuestra Constitución es repasando algunos párrafos de la exposición de motivos de tan importante documento:
...En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales, han sido despreciados de una manera casi constante por los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquélla se han sucedido en la república: las leyes orgánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos, lejos de llegar a un resultado pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de la justicia, haciéndose casi imposible la acción de los tribunales, no sólo de los federales, que siempre se vieron ahogados por el sinnúmero de expedientes, sino también de los comunes cuya marcha quedó obstruida por virtud de los autos de suspensión que sin tasa ni medida se dictaban...
No podré deciros que el proyecto que os presento se una obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia humana puede aspirar a tanto; pero creedme, señores diputados, que las reformas que propongo son hijas de una convicción sincera, son el fruto de mi personal experiencia y la expresión de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades, la ilustración y progreso que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos.
...El artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal; pero en la práctica esas garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez que, sin violarlas literalmente, al lado de ellas se han seguido prácticas verdaderamente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aun de los mismos agentes o escribientes suyos...
...Conocidas son de ustedes, señores diputados, y de todo el pueblo mexicano, las incomunicaciones rigurosas, prolongadas en muchas ocasiones por meses enteros, unas veces para castigar a presuntos reos políticos, otras para amedrentar a los infelices sujetos a la acción de los tribunales del crimen y obligarlos a hacer confesiones forzadas, casi siempre falsas, que sólo obedecían al deseo de librarse de la estancia en calabozos inmundos, en que estaban seriamente amenazadas su salud y su vida...
... Finalmente, hasta hoy no se ha expedido ninguna ley que fije, de una manera clara y precisa, la duración máxima de los juicios penales, lo que ha autorizado a los jueces para detener a los acusados, por tiempo mayor del que fija la ley al delito de que se trata, resultando así prisiones injustificadas y enteramente arbitrarias.
A remediar todos esos males tienden las reformas del citado artículo 20...[30]
REDACCIÓN DEL 20 CONSTITUCIONAL.
En la 27ª Sesión Ordinaria celebrada la tarde del 2 de enero de 1917, se leyó el dictamen sobre el artículo 20 del proyecto de Constitución.
“El artículo 20 del proyecto de Constitución contiene innovaciones trascendentales que transformarán por completo el sistema de enjuiciamiento penal en toda la República, haciéndose más liberal y más humano...” Quedó plasmado entonces el artículo que al unísono del 22 constitucional limitaba el poder del Estado para imponer penas, además, obviamente de preceptos como el 14 o 16 constitucionales. A la fecha ha sufrido las modificaciones que a continuación se explican.


Garantías del inculpado. 
En mayúsculas se indica la fecha de transformación del precepto, la nota al pie nos explica la exposición de motivos, es decir, la justificación de dichos cambios.
Art. 20 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
(ADICIONADO, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000)[31]
A. Del inculpado:
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996)[32]
I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.
La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993)[33]
II.- No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;
III.- Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.
(REFORMADA, D.O.F. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000)
IV.- Cuando así lo solicite, será careado, en presencia del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este artículo;
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.
VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.
VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993)
VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993)
IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,
X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996)
Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.[34]
Proyección al futuro: Propuesta de reforma en la Impartición de Justicia Penal.
El año que corre (2004), trajo consigo una novedad para la existencia de esta garantía constitucional, un propuesta de reforma en impartición de Justicia Penal que modificaría la forma que posee el 20 Constitucional, a manera de noticia podemos analizar:
“Envía el Presidente Vicente Fox al Congreso, propuesta de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal 
Los Pinos, 29 de marzo de 2004. “
El Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, con lo que se busca incrementar los niveles de seguridad y justicia en nuestro país y aumentar la vigencia de los derechos humanos como una auténtica política de Estado.
La propuesta, agregó, responde a los reclamos que por décadas ha expresado la ciudadanía para contar con un Sistema de Justicia Penal confiable, rápido, eficaz y transparente.
Enfatizó que los alcances de la propuesta de reformas significarán un cambio histórico sin precedentes en la calidad de nuestra convivencia social.
La iniciativa se sustenta en tres pilares: reestructurar orgánicamente las instituciones de seguridad pública, transformar el procedimiento penal y profesionalizar la defensa penal.[35]
El propósito de este trabajo ha sido un análisis histórico breve, por lo que se incrementará en el momento en que esta reforma desvíe el iter de las garantías del inculpado y por tanto el rumbo de la historia.



CONCLUSIONES
Finaliza entonces, el análisis de la evolución de la sanción Penal en México. Iniciamos en la barbarie y concluimos con un artículo que prescribe que han de otorgarse garantías a quién se le culpe de la comisión de un delito.
Terminada la lectura, de lo que se trata es de que el lector mantenga en su memoria que el castigo a las acciones socialmente indeseables se ha perfeccionado como si habláramos de un montón de barro en manos de un artesano, al principio no tiene forma, quizá tampoco razón de ser, pero existe. Al ser trabajado por el hombre, el barro toma un aspecto menos abstracto, quienes lo miran alrededor comienzan a comprender de que se trata. Finalizada la pieza, más de uno la conoce, sabe que con ella no se juega, que es casi perfecta excepto por un detalle: cualquier uso fuera de lo común, todo tipo de abuso destruirá su forma hasta volverla a lo que era al principio. Así es la pena, ya todos la conocen, por lo menos han oído hablar de ella, desgraciadamente hay quienes la desvirtúan en forma tal que la regresan en el tiempo hasta volverla otra vez una venganza.
Corresponde a juristas, litigantes, jueces, autoridades y ciudadanos en general, que el castigo a los delitos conserve las características que ha adquirido, que avance a más no poder, pero que ya no regrese. Por lo anterior expongo mi:
Postura personal.
Humanas debe ser, reparables e iguales, suficientes, remisibles, varias, personales, elásticas a la vez, las penas con lo anterior cumplen su objetivo.
A mi juicio, en este trabajo comprendí que la historia de la pena se describe con el fin de proteger, resarcir y readaptar. En tres palabras resumo la evolución de los castigos dictados por Dios a las hoy, garantías del inculpado.
Proteger porque esa es la finalidad del Derecho Penal, para ello existen bienes jurídicos tutelados que de verse en peligro o ser alterados recurren a esta rama jurídica para preservar su calidad y cantidad en algunos casos.
Resarcir, porque finalmente las acciones que cambian el estado de los bienes mencionados deben ser sancionadas a fin de volver la situación a como se encontraba.
Readaptar, porque no podemos vendarnos los ojos y fingir que no existen autores de los delitos, o creer que acabando con ellos se acaba la inseguridad (además de que es materialmente imposible).
Estos tres verbos giran cual si estuvieren en un ciclo que se repetirá mientras la humanidad exista. Prueba de ello la reforma que quizá llegará y no sabemos lo que ha de transformar.

BIBLIOGRAFÍA.
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FLORIS, Margadant Guillermo Introducción a la historia del derecho mexicano. Editorial Esfinge México.1997. 14ª ed. p. 22

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PÉREZ, Daza Alfonso. Derecho Penal. Introducción. UNAM. México 2002. p. 100

SOBERANES, Fernández José Luis. Historia del derecho mexicano. Editorial Porrúa 10ª ed. México 2003 p. 82

www.presidencia.gob.mx consultada el 5 de abril del 2004



[1] COSTA, Fausto. El delito y la pena en la historia de la filosofía. Traducción. Ruiz-Funes Mariano. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. México 1953. p.31[]
2 CASTELLANOS, Tena Fernando, et. al. Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán. UNAM. México 1964 pp. 31 y 32 []
3 CASTELLANOS, Tena Fernando Lineamientos elementales de Derecho Penal. Editorial Jurídica Mexicana 1959 p. 19[]
4 CARRANCÁ y Rivas, Raúl. Derecho penal mexicano. Parte General. Editorial Porrúa 22ª ed. México 2003 p.117[]
5 Pública ya no en el sentido de proteger intereses oligárquicos, en el sentido de resultar útil para aquél que pensara en un futuro cometer un delito tuviera noción de cual sería la consecuencia de su acción.[]
6 KELSEN, Hans Teoría pura del Derecho. Editorial Porrúa 12ª ed. Traducido por R. Vernengo. México 1991.p 124.[]
7 FLORIS, Margadant Guillermo Introducción a la historia del derecho mexicano. Editorial Esfinge México.1997. 14ª ed. p. 22[]
8 La ejemplaridad no era relativa a la pena, como en alguna época, era con respecto al comportamiento que todo buen ciudadano debía mostrar.[]
9 Op. CIt. FLORIS. p. 34[]
10 SOBERANES, Fernández José Luis. Historia del derecho mexicano. Editorial Porrúa 10ª ed. México 2003 p. 82[]
11 DE LEÓN, Pinelo Antonio. Recopilación de las Indias. Editorial grupo Miguel Ángel Porrúa. Tomo II. IIJ UNAM. pp.1681-1687.[]
12 Op. cit. CARRANCÁ p. 136[]
13 ALFONSO X, El sabio. Las Partidas. Selección, prolg. Y notas de Francisco López Estrada y María Teresa López García Berdoy. Editorial Castalia. España 1992. “Odres Nuevos” pp. 432-435.[]
14 ARILLA, Bas Fernando Soberanes, Fernández. José Luis. Coord. Memoria del tercer Congreso de Historia del Derecho Mexicano. UNAM IIJ. México 1984[]
15 FERRER, Muñoz Manuel. La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España. Pugna entre el antiguo y el nuevo régimen del virreinato, 1810-1821) UNAM IIJ. México 1993. pp. 26-27[]
16 CASTELLANOS Op. cit. Estudios sobre..pp 491[]
17 íbidem pp.492[]
18 Ídem.[]
19 PÉREZ, Daza Alfonso. Derecho Penal. Introducción. UNAM. México 2002. p. 100. Personalmente admiradísimo, el autor al desarrollar el tema de limites al poder punitivo del Estado y manifestar su postura personal hace comprender al estudioso del Derecho Penal que éste se ha enriquecido con el evolucionar histórico. La readaptación del sentenciado se logra de manera excepcional y actualmente hay casos en los que se niega la libertad preparatoria. Si el fin de la pena es la readaptación y la ejemplaridad ante los demás hombres, ¿por qué adjudicar excepciones a esta finalidad? Interesante cuestionamiento plantea el Doctor.[]
20 Tuve la oportunidad de asistir al citado evento en el que se tomó como punto de partida el recorrer histórico de la Ley Suprema de nuestro país. El doctor Raúl Carrancá y Rivas mi muy admirado y respetado profesor externó la necesidad de aplicación de penas que velen por la seguridad social. El doctor Carlos Daza Gómez citó los elementos someramente analizados en este trabajo y se postuló a favor de una reforma. Pérez Daza, Polaino Navarrete, Plascencia Villanueva, Velásquez y otros no hubiesen logrado definir su posición sin un análisis del devenir histórico.[]
21 CASTELLANOS, Op cit. Estudios sobre... p 500.[]
22CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones. Ed. Manuel Porrúa. 2ª Edición. Tomo IV. México 1978. pp. 202-207[]
23 Ídem.[]
24 Ídem.[]
25 Ídem.[]
26 Ídem.[]
27 FABELA, Isidro. Dir. Documentos Históricos de la Revolución Mexicana. Fondo de Cultura Económica. México 1962.p 1[]
28 Dentro de lo que cabe decir “definitiva” pues ni en las ciencias naturales y menos en las ciencias sociales existe una creación absoluta o imperecedera. Prueba de ello la posible reforma a este y cualquier precepto legal.[]
29 Op. cit. CÁMARA DE DIPUTADOS...p.208[]
30 Ídem.[]
31 “El Estado mexicano, atento al desarrollo de la cultura de los derechos humanos y al interés que diversos sectores de la sociedad han mostrado en la consolidación y la ampliación de las garantías individuales en materia penal, ha venido perfeccionando los mecanismos pro los cuales los particulares encuentren en la norma jurídica, tutela y protección respecto a los actos de las autoridades encargadas de la impartición de justicia.” Estas ideas aparecen en la exposición de motivos de la reforma al 20 constitucional. En aquél entonces se agregó la categoría se garantías de la víctima u ofendido.[]
32 La exposición de motivos refiere: En este orden de ideas, la delincuencia, que es precisamente una manifestación social, ciertamente negativa, también cambia. Algunos individuos y grupos dedicados al crimen se modernizan y perfeccionan su organización y formas de operación, mostrando con frecuencia una mayor eficacia frente a los medios de control estatal, en los diversos órdenes.[]
33 En 1993 se dijo en la exposición de motivos: Por lo que hace a la reforma que se propone para el artículo 20 nuestro máximo ordenamiento, se considera conveniente sustituir en el primer párrafo la expresión "juicio de orden criminal" por "proceso del orden penal", que sitúa de manera plena el momento procedimental en que las garantías que dicho artículo consagra y que deben observarse. De igual manera se sustituye el término "acusado" por el de "inculpado".[]
34 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SCJN. Compila VI. México 2002.[]
35 www.presidencia.gob.mx consultada el 5 de abril del 2004

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